La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast contempla fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar zonas de alta criminalidad, incluyendo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías.
La propuesta ha abierto un debate sobre capacidades, preparación y límites de un eventual despliegue militar en seguridad interior.
El Gobierno de Chile ha reabierto la discusión sobre el rol que podrían cumplir las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, especialmente en sectores urbanos considerados críticos, en el marco de la nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El presidente José Antonio Kast presentó el 5 de agosto un paquete de más de 30 medidas orientadas a reforzar la acción del Estado frente al narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Entre ellas destaca la idea de mantener una presencia permanente en los 50 barrios más críticos del país, mediante patrullajes, copamiento territorial y el uso de tecnologías de vigilancia.
🔵VALPARAÍSO | RED DE NARCOTRÁFICO CON CONEXIONES EN TRES CONTINENTES ES DESARTICULADA EN CHILE
La PDI y la Fiscalía SAC de San Antonio desarticularon una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que utilizaba Chile como plataforma para abastecer mercados… pic.twitter.com/gHwGksow0J
— PDI Chile (@PDI_CHILE) August 12, 2026
La discusión se intensificó luego de que el Ejecutivo planteara la posibilidad de habilitar un mecanismo constitucional que permita a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en zonas donde la capacidad del crimen organizado supere los medios policiales disponibles.
Rol de apoyo a las policías
La propuesta del Gobierno no busca, al menos en su diseño inicial, reemplazar a Carabineros de Chile ni a la Policía de Investigaciones, sino complementar su labor con capacidades militares en escenarios específicos.
Desde el Ministerio de Defensa se ha señalado que las eventuales funciones de las Fuerzas Armadas incluirían tareas de vigilancia, apoyo logístico, control perimetral y respaldo operativo a las policías, manteniendo el orden público como responsabilidad principal de las instituciones policiales.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, participaron en el Consultivo de Oficiales Generales de Carabineros de Chile, instancia en la que la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, expuso sobre los… pic.twitter.com/HE5TJ74z4J
— Subsecretaría de Seguridad Pública (@subsegpublica) August 12, 2026
Este enfoque se asemeja a experiencias de otros países de la región, donde los militares cumplen funciones de contención externa o apoyo territorial, mientras las policías especializadas ejecutan las operaciones directas contra organizaciones criminales.
🚨#Ahora: Desde la comuna de #Macul y de manera simultánea en cada región del país, Carabineros de Chile despliega una nueva Ronda Preventiva Nacional.
Con un amplio despliegue operativo, reforzamos los patrullajes, controles y fiscalizaciones, con el objetivo de prevenir… pic.twitter.com/dKSIhJCqvd
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) August 8, 2026
No obstante, su implementación en Chile requeriría definir con precisión aspectos clave como las reglas de uso de la fuerza, la cadena de mando, los niveles de coordinación y los criterios que justificarían la intervención militar.
Las advertencias de Richard Kouyoumdjian
Entre las voces críticas destaca la de Richard Kouyoumdjian, vicepresidente de AthenaLab, quien ha planteado dudas sobre la viabilidad del rol que se pretende asignar a las Fuerzas Armadas.
En una columna publicada el 12 de agosto, Kouyoumdjian señaló que la ACOT corresponde principalmente a un conjunto de herramientas legislativas, pero que aún no existe una estrategia integral de seguridad que defina objetivos, prioridades y medios.
🎙️ #AlPanPan | Richard Kouyoumdjian: “El Ejército actual no está diseñado”, “no está preparado” para colaborar en el combate al crimen organizado.
El experto en defensa y seguridad nacional plantea que lo que se quiere hacer en el marco de la agenda de seguridad (ACOT) “es algo… pic.twitter.com/cx2qhlUl4q
— El Mostrador (@elmostrador) August 11, 2026
A su juicio, esta falta de claridad dificulta entender la necesidad concreta de incorporar a los militares en tareas de seguridad interior.
El especialista también advirtió que las Fuerzas Armadas no cuentan actualmente con suficiente personal ni preparación para asumir nuevas funciones permanentes en barrios críticos, ya que su diseño institucional no está orientado a la seguridad pública cotidiana.
En una entrevista previa, fue más enfático al señalar que el Ejército no está preparado ni estructurado para intervenir directamente en zonas urbanas complejas, y que cualquier rol de ese tipo requeriría entrenamiento, doctrina y capacidades específicas previamente desarrolladas.
Asimismo, descartó la participación de conscriptos en este tipo de operaciones y sostuvo que muchas de las tareas propuestas podrían ser asumidas por policías si existiera una mayor dotación y especialización.
La naturaleza de la amenaza
El fondo de la discusión apunta a una pregunta central: ¿el crimen organizado es un problema policial o una amenaza de carácter militar?
Kouyoumdjian plantea que si se trata de una amenaza policial, la respuesta debe ser principalmente policial. En cambio, si se considera una amenaza de seguridad nacional, podría justificar el uso de capacidades militares. Sin embargo, advierte que mezclar ambos enfoques sin una preparación adecuada puede generar problemas operativos y de eficacia.
Excomandante del Ejército advierte que militares no están preparados para labores de seguridad pública https://t.co/Bg0T2aYW9m
— BioBioChile (@biobio) August 11, 2026
Esta distinción es relevante porque las Fuerzas Armadas están entrenadas para enfrentar amenazas externas o de carácter militar, mientras que las policías están diseñadas para el control del orden público, la investigación criminal y la aplicación de la ley en contextos urbanos.
Por ello, una eventual participación militar en seguridad interior exige definir con precisión qué funciones corresponderían a cada institución.
Experiencias previas
Chile ya ha utilizado a las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interior bajo condiciones excepcionales.
Actualmente, los militares cumplen funciones en el resguardo de fronteras en el norte del país y participan en estados de excepción en la Macrozona Sur. Estas experiencias han permitido desarrollar mecanismos de coordinación entre autoridades civiles, policías y fuerzas armadas.
Kouyoumdjian ha señalado que estas labores fronterizas deben mantenerse y fortalecerse, especialmente por su relación con fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y la migración irregular.
Sin embargo, advierte que trasladar ese tipo de despliegue a entornos urbanos densamente poblados representa un desafío mucho más complejo.
El desafío del diseño institucional
El Gobierno ha insistido en que la ACOT busca dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, incluyendo el fortalecimiento de la persecución penal, el decomiso de bienes y la mejora de las capacidades policiales.
Se acabó el Chile donde el crimen organizado podía crecer y enriquecerse con impunidad.#ChileContraElCrimen pic.twitter.com/GaBBP9LdGQ
— Ministerio de Seguridad Pública de Chile (@minsegpublicacl) August 8, 2026
La eventual participación de las Fuerzas Armadas se mantiene como uno de los puntos más sensibles del debate, ya que implica redefinir el equilibrio entre seguridad pública y defensa nacional.
Más allá del despliegue de efectivos, la discusión obliga a responder preguntas de fondo: qué tipo de amenaza enfrenta Chile, qué capacidades tienen hoy las policías y hasta dónde debe extenderse el rol de los militares en la seguridad interior.
Por ahora, la propuesta sigue en etapa de diseño político y legislativo, y su implementación dependerá de las definiciones constitucionales, operativas y presupuestarias que finalmente adopte el Estado.
